La banalidad del mal

José Manuel Iglesias

El conocimiento científico ha tenido que bregar a lo largo de la historia con sus propias limitaciones metodológicas, es decir con su propio desconocimiento, pero también y, posiblemente en mayor medida, con prejuicios y dogmas innegables, establecidos por autoridad inapelable  y sin corroboración empírica, así como con intereses y conveniencias de cualquiera que fuesen los poderosos en cada momento. Estos lastres no deberíamos considerarlos como propios del pasado: son otros los agentes que ostentan los poderes y distintas las formas en que lo ejercen, pero aún hoy la buena ciencia tiene que abrirse camino entre la maraña de intereses, prejuicios y mala ciencia que obstruye, cuando no prohibe, su producción y difusión pública.
El proyecto de ley del aborto -su nombre es mucho más pomposo y eufemístico pero trata de eso- recientemente aprobado en el consejo de ministros del viernes 20 de diciembre de 2013 es, en mi opinión, un buen ejemplo de mis afirmaciones anteriores. Hay que entender que el proyecto se refiere a lo que se considera científicamente aborto inducido, esto es, tal y como lo define el MeSH (Medical Subject Headings) de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos:  eliminación intencionada de un feto del útero por cualquiera de un determinado número de procedimientos. Advierto al lector que cuando uso el término aborto sin cualificar a este tipo de aborto no seguro me refiero.
Un periódico de ideología conservadora -no autóctona, desde luego-, The Times, dedica a esta iniciativa legislativa un duro editorial que titula “Abuso de poder”. De acuerdo con la traducción a la que tengo acceso, publicada en El País de 23 de diciembre, el editorial sostiene que el proyecto de ley “viola el principio de la política democrática al suplantar con decretos estatales opiniones privadas de ciudadanos individuales. Va a erosionar el pluralismo, restringir la libertad, hacer retroceder la posición de la mujer en la sociedad española, dañar la vida familiar e infligir daños psicológicos y psíquicos a mujeres que padecen en ocasiones situaciones desesperadas. Es una ley mala que previsiblemente tendrá consecuencias lamentables”
El tenor del texto no se suaviza en el resto de su contenido y concluye : “ La ingeniería social es una práctica de los gobiernos autocráticos. Los amigos y aliados de España en Europa deberían convencer al señor Rajoy de que se lo vuelva a pensar.”
He citado este artículo por la teórica proximidad ideológica del medio donde se publica, pero el clamor internacional desde muy diversas orientaciones políticas ha superado continentes y medios de comunicación: prensa, radio, TV: marca España.  
Desde muchos puntos de vista se puede criticar esta iniciativa legislativa. Mi intención es hacerlo desde un punto de vista científico, porque de aprobarse tal y como se presenta -mas restrictiva que la ley vigente- no será una ley “provida” tal y como manifiestan sus defensores e impulsores sino una ley pro muerte, de acuerdo con las mejores pruebas científicas disponibles. Avergüenza pensar en  la ligereza con la que el legislador sostiene criterios sin fundamento, a no ser que todo ello sea fruto del oportunismo político y de la satisfacción de su clientela que exige la parte que le corresoponde: cualquier instrumentación partidista de una cuestión, como el aborto, tan íntimamente desgarradora para una mujer me parece repugnante.
Si de buscar pruebas científicas se trata hagamos preguntas susceptibles de ser contestadas porque existen investigaciones que las responden: ¿las legislaciones más restrictivas con el aborto inducido son, como aducen los promotores de la ley más protectoras de la vida que las más liberales actualmente en vigencia?. En nuestro país: ¿la ley de plazos actualmente vigente ha producido una mayor morbilidad en la mujer o ha aumentado el número de abortos inducidos?.
En el periódico El Mundo, en su edición electrónica de las 18:07 horas del día 23 de diciembre, se podía leer una notica de la agencia EFE según la cual el informe anual correspondiente al año 2012 del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad refiere que el número de abortos se ha reducido en un 5% con respecto al 2011. Es decir se han producido 5.869 abortos menos que el año anterior, cuando se practicaron 118.259.
Por lo que parece la ley de plazos no ha producido el incremento en el número de abortos que sus crispados detractores vaticinaban. ¿Serán otros los determinantes del mayor número de abortos inducidos?. Parece ser que sí y no es conocimiento nuevo.
Una búsqueda en Medline a través de PubMed nos proporciona una referencia reciente que permite arrojar alguna luz sobre esta cuestión.1. El estudio publicado en The Lancet, es una revisión sistemática financiada con subvenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y la Fundación Catherine T MacArthur de Estados Unidos.  A pesar de la cuidadosa atención que los autores han prestado a la reducción de los errores sistemáticos, en las investigaciones que tocan temas tan sensibles y en muchos lugares estigmatizados, estos son inevitables, aunque el contraste de distintas fuentes y el método de análisis han reducido su impacto en los resultados, de modo que la contundencia de éstos y su concordancia con otras investigaciones permiten obtener conclusiones válidas sobre lo que realmente está ocurriendo a nivel mundial y por regiones.
Los autores distinguen entre abortos seguros y no seguros. Para ello utilizan las definiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS define el aborto no seguro cuando este es un proceso de finalización de un embarazo no deseado y se ha realizado por personas que carecen de las habilidades necesarias o el entorno en el que se realiza no cumple los requisitos clínicos de equipamiento y asepsia para la realización de la intervención. La OMS también considera inseguros los abortos realizados incumpliendo los límites estipulados por las leyes vigentes -abortos ilegales- en los países donde se realizan y lo hace por varias razones: suelen practicarse fuera de las clínicas equipadas y autorizadas para este fin, fuera, en general, del sistema de cuidados institucional y, en consecuencia, muchas veces, sin las condiciones sanitarias adecuadas, o por personas no preparadas; además, dada la clandestinidad de la actuación, la mujer suele carecer de los cuidados adecuados tras el aborto o de atención médica si se presenta una emergencia durante el mismo o en una complicación ulterior. 2,3
Sedgh et al. concluyen que el número de abortos no seguros se asocia de un modo inversamente proporcional a las leyes de aborto más liberales y que en los países donde se ha pasado de leyes restrictivas a otras con menores limitaciones se ha reducido su numero, mostrando datos de tendencia en varios países donde esto ha sucedido. Concluyen también que las leyes más liberales no aumentan el número de abortos, o que leyes más restrictivas lo disminuyan, sino que éste se relaciona con otras múltiples variables de carácter social y económico como, entre otras, la mayor  incorporación de la mujer al trabajo, el aumento de la prevalencia de las relaciones sexuales fuera del matrimonio o el retraso de la edad en que se casan las mujeres. Otros estudios han demostrado la relación inversamente proporcional entre abortos no seguros y el uso de métodos anticonceptivos y la relación existente con el mayor acceso y uso de métodos anticonceptivos, antes y durante el matrimonio, y la existencia de leyes liberales con respecto al aborto, a la salud reproductiva, en general. 4,5.
He dejado para el final la conclusión más importante del estudio de Sedgh et al.: la relación existente entre mortalidad materna y abortos no seguros: son responsables de un 13% de la misma. La mortalidad materna total ha disminuido entre los años 2003-2008, como ha disminuído en número de muertes por abortos no seguros en valores absolutos, pero la proporción de ella atribuida al aborto no seguro permanece constante -el 13% ya citado-, estimándose que en valores absolutos en el año 2008 ha ocasionado 47.000 muertes a nivel mundial. 6.
Por tanto, de la revisión sistemática de Sedgh y de los resultados de los otros estudios se puede concluir con dudas razonables, como en toda afirmación científica, pero con menos que con el dogma autoritario o los prejuicios, que las leyes sobre el aborto inducido liberales no aumentan el número de abortos inducidos, que su incidencia depende de otros factores y no es el menor el acceso a métodos anticonceptivos y que las leyes restrictivas aumentan el número de abortos inducidos inseguros (que debe recordarse incluye a los ilegales) y que el incremento en el número de abortos no seguros aumenta la mortalidad materna. En consecuencia el poder ejecutivo propone que el legislador apruebe una ley que tiene -aducen- como justificación explícita la protección de la vida y su aplicación a lo que conducirá es a un incremento en la mortalidad maternal sin contar con otra morbilidad también relacionada con el aborto practicado en condiciones no seguras.
Como en tantas otras muchas ocasiones en las que el poder se ejerce desde la prepotencia, el prejuicio y la carencia de respeto a las libertades individuales, aun que tampoco hay que menospreciar la incompetencia me viene a la memoria el subtítulo de un excelente texto de la filósofa Hanna Arent: la banalidad del mal.
 Bibliografía

1.    Sedgh G, Singh S, Shah IH, Ahman E, Henshaw SK, Bankole A. Induced abortion: incidence and trends worldwide from 1995 to 2008. Lancet 2012;379(9816):625–32.
2.    Varios. The Prevention and Management of Unsafe Abortion. 1st ed. Geneva: WHO; 1993.
3.    Shah I, Ahman E. Unsafe abortion in 2008: global and regional levels and trends. Reprod Health Matters 2010;18(36):90–101.
4.    Marston C, Cleland J. Relationships between contraception and abortion: a review of the evidence. Int Fam Plan Perspect 2003;29(1):6–13.
5.    CF W. A new approach to estimating abortion rates. 2008;
6.    Varios. Unsafe abortion: global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008. 6 ed. Geneva: WHO; 2011.

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